Silao, Gto., 18 junio 2026. — Con el objetivo de romper las limitaciones legales que impiden a las autoridades locales combatir frontalmente a las estructuras criminales, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ha impulsado una iniciativa de reforma que permitiría a las fiscalías estatales investigar y judicializar delitos vinculados con la delincuencia organizada.

El proyecto, respaldado técnicamente por el Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, fue presentado ante el Congreso de Guanajuato. De obtener el aval de los legisladores locales, la propuesta será enviada al Congreso de la Unión como un exhorto para reformar el marco jurídico nacional y fortalecer la actuación de las procuradurías estatales frente al crimen de alto impacto.

La gobernadora enfatizó que esta medida responde a la necesidad de contar con instituciones más ágiles y coordinadas. Bajo su perspectiva, la protección de las familias no debe estar sujeta a barreras jurisdiccionales que entorpezcan la respuesta gubernamental. “México necesita instituciones que trabajen unidas para enfrentar los desafíos del presente”, declaró durante la presentación, subrayando que la iniciativa representa una postura responsable ante la urgencia de mejorar la seguridad pública.

Por su parte, el Fiscal General, Gerardo Vázquez Alatriste, argumentó que las fiscalías estatales poseen una ventaja estratégica esencial: el conocimiento directo del territorio, la cercanía con las víctimas y la capacidad de atender problemáticas regionales específicas. Actualmente, gran parte de la investigación sobre delincuencia organizada es competencia exclusiva de la Federación, lo que genera una desconexión operativa que esta reforma busca subsanar.

La propuesta no plantea desplazar a las autoridades federales, sino establecer un mecanismo de colaboración donde las capacidades de los estados se sumen a las nacionales. Según el titular de la Fiscalía, la intención es construir un sistema de corresponsabilidad que permita cerrar espacios de impunidad y enfrentar de forma integral a los grupos delictivos que operan en las comunidades.

Con este movimiento, Guanajuato se coloca en el centro del debate nacional sobre la procuración de justicia, proponiendo un modelo de gestión integral de la seguridad que prioriza la eficacia operativa y la eliminación de trabas burocráticas en la lucha contra el crimen.