Guadalajara, Jalisco 19 octubre 2026.- Pese a la promesa de que no volverían a cometer los mismos errores, las autoridades no han podido evitar las detenciones irregulares y violaciones a los derechos humanos, así como el exceso de violencia y la represión y tortura durante las marchas ciudadanas.

 Hace menos de un año, el 21 de noviembre de 2025, el Secretario de Seguridad Juan Pablo Hernández ofreció una disculpa por las fallas registradas durante la Marcha Z, mientras que en marzo pasado aseguró que estaban recibiendo capacitación de instructores propios y de la Policía francesa.

 “Siempre será importante la capacitación, un policía bien capacitado podrá desempeñar mejor su servicio”, dijo sobre los señalamientos contra policías por abuso de fuerza.

 “Hacía muchos años que la Policía no había recibido capacitación o cursos de capacitación en control de multitudes, o en el caso específico, por ejemplo, de manifestaciones que pudieran tornarse violentas”.

 La marcha de la Generación Z del 15 de noviembre de 2025 en Guadalajara evidenció fallas en la prevención de actos violentos y en la actuación policial.

 Durante la movilización, grupos de encapuchados causaron destrozos en Palacio de Gobierno y el Congreso de Jalisco, lo que generó cuestionamientos sobre la capacidad de las autoridades para anticipar los riesgos y contener los disturbios.

 El operativo también fue señalado por posibles abusos policiales. Familiares y organizaciones civiles denunciaron detenciones arbitrarias y golpes contra personas que presuntamente no participaron en los actos vandálicos.

 Además, el corresponsal de un medio de comunicación denunció que un policía le quitó su cámara mientras documentaba arrestos y que, cuando se la devolvieron, habían sido borrados videos en los que se observaban presuntas agresiones policiales.

 Meses después, el Secretario de Seguridad estatal reconoció deficiencias en la preparación policial. Sin embargo, no se dio a conocer un programa específico, con plazos y metas verificables, para corregir las fallas detectadas.

 Cinco años antes ocurrió algo parecido, tras el asesinato de Giovanni López -quien murió tras ser detenido por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos- y manifestaciones de junio de 2020 en Guadalajara.

 Las protestas exigían justicia y derivaron en disturbios frente a Palacio de Gobierno. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco documentó detenciones arbitrarias, golpes y casos de personas trasladadas en vehículos particulares y abandonadas en lugares alejados.

 También señaló retenciones y desapariciones de manifestantes, así como violaciones al debido proceso.

 El entonces Gobernador, Enrique Alfaro, atribuyó inicialmente la responsabilidad por la muerte de Giovanni a las autoridades municipales. Luego deslizó la sospecha de que la Fiscalía del Estado estaba infiltrada por el crimen organizado.

 En 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación por detenciones arbitrarias y agresiones cometidas por agentes estatales, y solicitó una disculpa pública y la reparación integral del daño a las víctimas

 El Gobierno de Jalisco anunció medidas para corregir abusos policiales.

 Ordenó capacitar en derechos humanos y uso de la fuerza a 32 policías de Ixtlahuacán de los Membrillos y someterlos a evaluaciones de control y confianza, mientras que Alfaro ofreció disculpas por las detenciones ilegales, además de que 14 policías de investigación fueron suspendidos por su presunta participación en esos hechos.

 También se anunciaron mesas de trabajo con víctimas para impulsar una reforma policial y medidas de seguridad ciudadana. La información difundida, sin embargo, no permitió confirmar el cumplimiento integral de los compromisos ni sus resultados.