Guanajuato, Gto. 4 febrero 2026. — Bajo la consigna de que “la verdad no debe costar la vida”, un bloque sólido de más de 120 periodistas y comunicadores de todo el estado se apostaron este miércoles a las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGE). El gremio, tradicionalmente fragmentado, ha cerrado filas ante una realidad estadística que los asfixia: Guanajuato se mantiene como uno de los epicentros más peligrosos para el ejercicio periodístico en México.

La movilización no solo busca visibilidad, sino respuestas concretas sobre las carpetas de investigación que parecen haber caído en el olvido institucional. Representantes de colectivos de libertad de expresión entregaron un pliego petitorio donde señalan que la labor informativa en municipios como Celaya y Salamanca se realiza actualmente bajo un estado de sitio extraoficial.

“No estamos pidiendo privilegios, exigimos garantías para que la sociedad pueda estar informada sin que el costo sea una amenaza de muerte o una desaparición”, declaró una de las reporteras que encabezó la lectura del manifiesto.

La crisis se agrava con el informe global de la ACNUDH, que sitúa a México en una cifra histórica de 400 agresiones graves contra la prensa y defensores hasta este inicio de 2026. En el ámbito local, la gobernadora Libia Dennise ha intentado matizar la situación prometiendo una revisión exhaustiva de los protocolos, pero la comunidad periodística es clara: los botones de pánico y las escoltas son paliativos que no resuelven la raíz del problema: la impunidad estructural que protege a quienes intentan silenciar a la prensa.