Ciudad de México, 16 octubre 2026.- Tras doce meses de huelga patronal y sindical, usuarios de las 300 sucursales del país denuncian que la institución condiciona la devolución de garantías al pago de intereses generados durante el cierre de la empresa.

El levantamiento de la huelga en el Nacional Monte de Piedad (NMP) desató un conflicto de alcance económico para miles de familias en las 32 entidades del país. Tras la reanudación simultánea de actividades en sus 300 sucursales, luego de 370 días de suspensión de labores, usuarios denunciaron que la institución de asistencia privada trasladó a los deudores los costos financieros del litigio laboral, al exigir el pago íntegro de recargos e intereses acumulados durante el tiempo en que las puertas permanecieron cerradas.

El diferendo gremial, originado el 1 de octubre de 2025 entre la administración central y el sindicato de trabajadores, mantuvo bajo resguardo físico millones de contratos prendarios, sin posibilidad de rescate presencial, durante todo un año. Aunque la institución mantuvo abiertos esquemas de recepción de dinero a través de corresponsales bancarios y cadenas de conveniencia, un sector significativo de los clientes suspendió sus pagos ante la falta de garantías legales y la incertidumbre sobre cuándo se recuperarían sus pertenencias.

Al reabrirse los mostradores de atención, el personal notificó a los usuarios que las cuentas mantenidas en pausa devengaron los intereses ordinarios correspondientes a los doce meses del cierre. La medida derivó en que los montos exigidos para refrendar o desempeñar piezas de joyería se incrementaran drásticamente: contratos que antes de la suspensión de actividades requerían pagos de 2 mil 640 pesos por alhajas de oro, ahora demandan desembolsos superiores a 5 mil 180 pesos.

La situación se tornó más compleja tras la notificación de los cajeros en sucursales del centro, sur y norte de la República, quienes advirtieron que los clientes cuentan con un plazo límite de 15 días naturales para regularizar sus adeudos antes de que los bienes sean canalizados formalmente a las almonedas para su venta al público.

A la presión económica se suma la opacidad en la aplicación de los esquemas de apoyo anunciados por la dirección general que encabeza José Antonio Murillo Garza. Pese a que la administración difundió un paquete de contingencia que incluye 45 días sin cobro de intereses para trámites específicos y quitas de entre 45 y 75 por ciento según la antigüedad del contrato, en ventanilla los usuarios señalaron que los empleados se niegan a desglosar los criterios de cálculo y aplican los descuentos sobre saldos abultados por el propio paro laboral.

Diversos clientes afectados adelantaron que interpondrán quejas formales ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y solicitarán la mediación de las autoridades regulatorias, al señalar que una institución de carácter asistencial no debe transferir las pérdidas financieras de una disputa interna a los sectores de la población que recurren al empeño para subsanar emergencias familiares.