Guanajuato, Gto. 21 septiembre 2026. Frente al impacto desgarrador que la violencia extrema deja en la niñez, las dependencias estatales buscan cambiar el rostro de la atención pública. Con el objetivo de evitar que el dolor de los menores sea recibido con frialdad institucional, un grupo de 150 servidores públicos comenzó una preparación especializada para brindar un trato humano, empático y sanador a quienes han perdido a sus madres o enfrentan entornos familiares críticos.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de las Mujeres en colaboración con la Fundación América por la Infancia, se centra en el programa denominado “Sistemas informados y sensibles al trauma”. A lo largo de una jornada intensiva que concluye con una conferencia magistral del experto Esteban Gómez Muzzio en Silao de la Victoria, el personal estatal y municipal encargado de la Alerta de Violencia de Género adquiere nuevas perspectivas para entender el comportamiento infantil tras una tragedia.

Durante las sesiones, los participantes reflexionan sobre cómo las conductas como el aislamiento, el silencio prolongado o el enojo no deben interpretarse como rebeldía, sino como manifestaciones de un sufrimiento profundo que requiere sensibilidad y no juicios. La intención principal es que los trámites y acercamientos con el gobierno dejen atrás la burocracia insensible para convertirse en un refugio seguro para las infancias.

Al respecto, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Itzel Balderas Hernández, señaló que atender a las víctimas indirectas de la violencia exige preparación constante y corazón. Explicó que la instrucción de la administración estatal es garantizar que ninguna niña, niño o adolescente se sienta desamparado ante una ventanilla de gobierno, asegurando que cada contacto con la autoridad represente una oportunidad para ofrecer esperanza y dignidad.

Esta red de capacitación dota al personal de métodos científicos y afectivos para comunicarse con los menores sin forzarlos a revivir episodios dolorosos. Aunque estas acciones no sustituyen la terapia psicológica ni los procesos legales, buscan unificar los criterios de atención en todo el estado para construir instituciones que verdaderamente protejan y sanen a las nuevas generaciones.