Guanajuato, Gto. – Bajo una política de cero tolerancia hacia la violencia de género, el estado de Guanajuato ha consolidado una reforma legal estratégica para sancionar, prevenir y erradicar los ataques con sustancias corrosivas. Esta actualización normativa, que armoniza la legislación local con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, responde a una tendencia preocupante: en lo que va de 2026, las autoridades han atendido tres casos de esta naturaleza, igualando la cifra total acumulada entre 2020 y 2022.

La reforma, aprobada por el Congreso estatal el pasado 25 de junio, representa un cambio de paradigma en la atención a las víctimas. La nueva normativa tipifica formalmente la violencia física cometida mediante agentes químicos, ácidos o sustancias corrosivas, y obliga a las autoridades a operar bajo una perspectiva de género estricta. Este mandato busca eliminar la victimización secundaria, un fenómeno común en los procesos de denuncia, y garantiza que las instituciones de justicia y seguridad actúen con una visión protectora y reparadora.

Más allá del ámbito punitivo, las nuevas disposiciones legales introducen cambios estructurales en la gestión pública. Las autoridades municipales y estatales quedaron obligadas a rediseñar entornos urbanos con mejores condiciones de iluminación y seguridad para reducir el acoso. Asimismo, la Secretaría de Salud deberá proporcionar atención psiquiátrica interdisciplinaria, mientras que la integración de la Secretaría del Campo al Consejo Estatal de Atención a la Violencia permitirá extender estas garantías a las mujeres en zonas rurales, sector históricamente vulnerable ante este tipo de agresiones.

El registro histórico de la Secretaría de las Mujeres detalla que, entre 2020 y 2026, se ha brindado acompañamiento a cinco mujeres sobrevivientes en los municipios de Celaya, Romita, San Luis de la Paz, Silao y Xichú. Los perfiles atendidos evidencian una afectación intergeneracional, al incluir tanto a mujeres de entre 30 y 64 años como a una adolescente menor de edad.

Ante este escenario, la titular de la dependencia, Itzel Balderas, subrayó que la ley debe ser acompañada de un brazo institucional protector. El modelo de atención actual se estructura en cuatro pilares: la contención psicológica y jurídica inmediata, la gestión prioritaria de tratamientos dermatológicos y reconstructivos, el acompañamiento para garantizar órdenes de protección a través de la Fiscalía, y el respaldo económico coordinado con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.

El gobierno estatal ha enfatizado que la lucha contra este flagelo no es una tarea exclusiva del poder público, sino un llamado a la sociedad para desnaturalizar las conductas de control y violencia en el entorno privado. La Secretaría de las Mujeres mantiene sus canales abiertos para brindar asesoría integral a cualquier mujer que enfrente situaciones de riesgo, reiterando que el objetivo final es la reconstrucción de los proyectos de vida de las sobrevivientes bajo un esquema de dignidad y justicia plena.