Guanajuato, Gto., 15 marzo 2026.- En un paso histórico hacia la protección de los derechos de las mujeres y la infancia, el estado de Guanajuato se ha sumado formalmente a las entidades federativas que reconocen y castigan la violencia vicaria. Esta modalidad de agresión, definida como el uso de los hijos o personas cercanas para causar un daño psicológico o emocional irreversible a la madre, queda ahora bajo el escrutinio del Código Penal del Estado, marcando un precedente en la lucha contra la violencia de género en el Bajío.

La implementación de esta ley responde a una demanda de años por parte de colectivos feministas y organizaciones civiles. Expertos legales señalan que el principal reto ahora radica en la capacitación técnica de los Ministerios Públicos y jueces. La dificultad reside en la probanza: identificar que la manipulación o el ocultamiento de los menores no es un conflicto de custodia ordinario, sino una estrategia deliberada de control y tortura hacia la mujer. “No basta con la ley en el papel; necesitamos una estructura judicial que no revictimice y que entienda el dolo detrás de separar a una madre de sus hijos”, señalan especialistas en derecho familiar.

Con esta reforma, se establecen penas severas que incluyen la pérdida de la patria potestad y periodos de prisión para los agresores. Sin embargo, el análisis en el Congreso local continúa, pues se busca que las fiscalías cuenten con protocolos de reacción inmediata para evitar que los menores sean trasladados fuera del estado durante el proceso legal. Guanajuato intenta así cerrar una brecha de impunidad que, durante décadas, permitió que el lazo materno-filial fuera utilizado como un arma de extorsión emocional en los juzgados.